Los pueblos indígenas reclaman por derechos que permanecen incumplidos, por eso es más eficiente canalizar la protesta que reprimirla

Abdullah Ocalan, el líder independentista kurdo, desembarcó en Italia en noviembre de 1998 y pidió asilo político. Arrastraba un pedido de captura de Turquía, donde era acusado por terrorismo. El ex comunista Massimo D'Alema, recién asumido, dudaba. Acoger a Ocalan implicaba comprarse un problema con un aliado de la OTAN e importar un conflicto ajeno, pero deportarlo lo exponía a la pena de muerte, legal en Turquía pero inadmisible en la Unión Europea. Optó por la estrecha avenida del medio: se ignoró el mandato de captura al tiempo que se negó el asilo, presionando a Ocalan para que se fuera por las suyas. Tras una carambola a tres bandas, fue capturado por agentes turcos en Kenia, donde se encontraba bajo la protección del embajador griego, mientras intentaba abordar un avión hacia Holanda. Desde febrero de 1999 permanece en una cárcel de máxima seguridad en la isla turca de Imrali.

Uno de los autores de esta columna vivía en Italia en esa época y siguió la crisis de cerca; el otro la estudió en profundidad, años más tarde. Pero no hacía falta: cualquiera puede encontrar esta información a un clic de distancia. Eso fue lo que no hizo un periodista de un diario argentino, que no es la nacion. La semana pasada se publicaron extractos de un "informe de carácter secreto" que mencionaba supuestos contactos internacionales de organizaciones mapuches. Entre ellos aparecía Ocalan, a quien el informe ubicó "con domicilios en Palermo y en el centro porteño", y aseguraba incluso que había sido visto "en Neuquén, Río Negro y Chubut durante el juicio a Jones Huala".

Foto: LA NACION

Esta falsa noticia fue la más rocambolesca de una larga cadena. Dos hechos quedaron en evidencia: primero, que hay periodistas que no chequean la información; segundo, que los servicios de inteligencia los utilizan para manipular la agenda pública. Y sobre los servicios hay dos posibilidades: o son burros o son perversos. Las opciones no son excluyentes, aunque cualquiera alcanza para tornarlos indignos de confianza. Sin embargo, de ellos proviene la información que alimenta a muchos medios de comunicación y, aún más grave, al Estado argentino.

El reguero de noticias falsas y vínculos brumosos tiene, paradójicamente, un objetivo prístino: asociar la acción de los grupos mapuches con el terrorismo internacional. Comunicadores, analistas y escritores alineados con el discurso oficial llegaron a relacionar las ideas de las organizaciones patagónicas con las de Estado Islámico (ISIS) de Irak y Siria. El terrorismo carece de definiciones consensuales y ha sido utilizado para emparentar cosas bien diferentes. Aunque el líder mapuche más radicalizado (y menos representativo) declare que propician "un proceso de construcción de autonomía sin pedirle permiso al Estado", vincular a un grupo que reclama tierras en la región de sus ancestros con otro que busca gobernar el mundo según sus normas religiosas y ha masacrado a miles de personas requiere de una operación intelectual tan audaz como inadecuada.

La asociación con el movimiento kurdo, en cambio, asoma menos inverosímil. Desde su arresto, Ocalan transformó su pensamiento: de una visión nacionalista con inspiración estalinista evolucionó al confederalismo democrático, una propuesta de organización comunal, ecologista, más apegada a las raíces locales que a las fronteras nacionales. Parece lógico que esas ideas resuenen en agrupamientos indígenas, que reivindican una organización anterior a la consolidación de los Estados sudamericanos. Los paralelos, sin embargo, terminan allí. En Chile, donde el conflicto ha tenido su desarrollo más dramático, la Sociedad de Fomento Agrícola denunció en 2014 que los insurrectos causaron daños por 10 millones de dólares y la muerte de tres agricultores y un carabinero a lo largo de 15 años; en la Argentina, por ahora, se registran actos de vandalismo, ocupaciones de tierras y cortes de rutas aislados. En contraste, el conflicto entre el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y la República de Turquía se cobró cerca de 40.000 vidas en los años 90 y lleva más de 2000 desde la reanudación de hostilidades en 2015.

Consultada sobre esta desproporción, una fuente de los servicios nos la resumió así: "La estrategia de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), de Chile, y ahora de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), más que matar directamente, es realizar sabotajes, movilizaciones, ataques a iglesias y empresas y mucha prensa". ¡En Medio Oriente pagarían por un terrorismo así! Ningún hecho de violencia debe ser minimizado, pero las analogías no resisten prueba.

La "cuestión mapuche" es social antes que policial. La Constitución manda "reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad?; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano". Estos derechos permanecen incumplidos. Y no son un capricho chavista: los países que reputamos serios también los reconocen. En Estados Unidos, las reservaciones indígenas ocupan 80.000 kilómetros cuadrados, el 1,3% de la superficie del país (y 400 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires). En Canadá, unas 2300 reservas ocupan 28.000 kilómetros cuadrados. Australia otorga a los pueblos indígenas más de la mitad de los territorios del norte del país y son los nativos quienes negocian con las empresas mineras los permisos para que operen en sus tierras. En Nueva Zelanda existen tribunales especiales con jurisdicción sobre las tierras ancestrales de los maoríes; una de sus ventajas es que empoderan a los aborígenes individualmente, liberándolos del yugo de los caciques.

La protesta social es indisociable de la democracia. Cuando desborda, recanalizarla es más eficiente que reprimirla: ahí reside el arte del acuerdo. En la Argentina la tarea es delicada porque pocos confían en la imparcialidad de las instituciones. Entonces, cada actor reivindica sus intereses con los medios de que dispone: los sindicatos hacen huelga, los estudiantes toman colegios, los empresarios cierran las fábricas y todos hacen piquetes. El politólogo Samuel Huntington definía una sociedad así como pretoriana y el jurista Carlos Nino llamó a la Argentina "un país al margen de la ley". Al movilizarse por sus derechos y desconfiar del Estado, la comunidad mapuche se demuestra bien argentina.

Las cinco provincias patagónicas tienen una población similar a la de La Matanza. A diferencia de los Estados Unidos, que se integraron hacia el oeste otorgando parcelas de tierra a los colonizadores, y de Brasil, donde el rol de ocupación y desarrollo territorial fue cumplido por las fuerzas armadas, la Argentina obvió la tarea integradora tras consolidar su soberanía a finales del siglo XX. Hoy sobra tierra y falta gente. Gobernar sigue siendo poblar, pero también integrar.

Seamos claros: ningún individuo u organización tiene derecho a violar la ley. Pero el problema histórico del Estado argentino no fue tanto quiénes lo desafiaron como quiénes lo gobernaron. Cambiemos.

Andrés Malamud es politólogo e investigador en la Universidad de Lisboa. Martín Schapiro es abogado administrativista y analista internacional